ANDALUCÍA - Huelva - Tribunales
Archivan la denuncia contra el Ayuntamiento de Cartaya en la causa de Villa de El Rompido . El alcalde anuncia querellas contra los denunciantes y afirma que donará la indemnización a un fin social
HUELVA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número 1 de Ayamonte (Huelva) ha dictado el sobreseimiento y archivo y da por concluidas las diligencias previas de una denuncia en la que se acusaba de prevaricación al alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), tres concejales y a los Servicios Jurídicos y Técnicos Municipales por la concesión de la licencia de primera ocupación a unas 80 viviendas en la urbanización Villa de El Rompido, entre las que se incluye la de los denunciantes, la Sociedad Santa Clara S.C.
En rueda de prensa, el alcalde cartayero, Juan Antonio Millán, ha indicado que el juez resuelve, tras el informe "favorable" del Fiscal, que "no hay indicio" de delito en el caso del otorgamiento de licencia de primera ocupación a una vivienda situada en la urbanización Villa de El Rompido.
"El Ayuntamiento ha actuado de manera totalmente legal", ha asegurado de forma contundente Millán, que ha dejado claro que "el procedimiento en el otorgamiento de esta licencia se ha ajustado complementamente a la legalidad vigente".
De este modo, el regidor ha apuntado que esta denuncia, presentada por la Sociedad Santa Clara S.C "y no por un matrimonio, como se dijo", habría puesto en marcha "un proyecto de delito" para obtener "beneficios particulares" y en concreto considera que esta denuncia corresponde a "un interés económico". "Detrás de la denuncia no había ningún particular sino una empresa mercantil con intereses urbanísticos", ha apostillado.
A su juicio, detrás de este interés comercial de la citada sociedad hay "una vendetta" con la promotora de las viviendas, Marina El Rompido, --denunciada por los mismos demandantes por estafa-- y en este marco han querido "salpicar al Ayuntamiento para presionar y utilizar la justicia con fines privados".
"PROYECTO DE DELITO"
Asimismo, Millán ha explicado que esta sociedad de inversiones inmobiliarias compró una villa de lujo, valorada en 500.000 euros, presuntamente con la intención de especular. De este modo, compró una villa y para ello pagó 120.000 euros de fianza, y "al no obtener el crédito hipotecario, quería recuperar la fianza dada y para ello intentó demorar la licencia de primera ocupación, y cuando ésta finalmente se concedió, pretendió demostrar su ilegalidad".
Además, ha precisado que los dos meses que duró la tramitación la promotora subsanó las deficiencias que observaron los técnicos y juristas.
Por otra parte, el alcalde de Cartaya ha lamentado el "uso mediático" dado a este tema y ha anunciado que presentará una querella por calumnias y denuncia falsa contra los denunciantes, la Sociedad Santa Clara S.C., ya que "nadie se merece que presenten contra él una denuncia falsa".
"Han hecho daño a las personas denunciadas pero también a sus familias", ha subrayado Millán, que ha aclarado que tras su larga trayectoria política puede exponerse, aunque tampoco lo excusa, a esta posibilidad pero "los técnicos del Ayuntamiento no se merecen", lo que ha calificado como, "una campaña de desprestigio".
Además, ha indicado que llegado el momento procesal oportuno el Ayuntamiento destinará la indemnización que corresponda a la Fundación de Mayores y Dependientes de Cartaya.
Al mismo tiempo, el primer edil ha lamentado la actitud de la oposición de la localidad, los cuales "se han sumado a esta campaña de desprestigio" contra el alcalde y la institución municipal debido a la "proximidad de las elecciones municipales", por lo que les ha pedido una rectificación e incluso va a estudiar las valoraciones realizadas.
Por otro lado, el primer edil ha incidido en que la vivienda de los denunciantes se encuentra en la cuarta fase de la urbanización, la cual está "perfectamente urbanizada", de manera que ha aclarado que la denuncia "carece de pruebas". Se presenta "un proyecto de delito basado en rumores o indicios", ha matizado.
"MORALMENTE INDIGNADO"
Respecto a la posibilidad de que no pudiera concurrir a las elecciones al estar imputado, Millán ha remarcado que "no está condenado" sino que sólo ha ido a declarar como "imputado". "Estoy moralmente indignado y judicialmente con la razón", ha añadido el regidor, que ha lamentado el daño que ha supuesto esta situación para los concejales implicados, los técnicos y los familiares de los mismos.
Por último, ha lamentado que se realice "una judicialización de la vida pública", lo cual considera que perjudica al proceso administrativo público.
Archivan la denuncia contra el Ayuntamiento de Cartaya en la causa de Villa de El Rompido . El alcalde anuncia querellas contra los denunciantes y afirma que donará la indemnización a un fin social
HUELVA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número 1 de Ayamonte (Huelva) ha dictado el sobreseimiento y archivo y da por concluidas las diligencias previas de una denuncia en la que se acusaba de prevaricación al alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), tres concejales y a los Servicios Jurídicos y Técnicos Municipales por la concesión de la licencia de primera ocupación a unas 80 viviendas en la urbanización Villa de El Rompido, entre las que se incluye la de los denunciantes, la Sociedad Santa Clara S.C.
En rueda de prensa, el alcalde cartayero, Juan Antonio Millán, ha indicado que el juez resuelve, tras el informe "favorable" del Fiscal, que "no hay indicio" de delito en el caso del otorgamiento de licencia de primera ocupación a una vivienda situada en la urbanización Villa de El Rompido.
"El Ayuntamiento ha actuado de manera totalmente legal", ha asegurado de forma contundente Millán, que ha dejado claro que "el procedimiento en el otorgamiento de esta licencia se ha ajustado complementamente a la legalidad vigente".
De este modo, el regidor ha apuntado que esta denuncia, presentada por la Sociedad Santa Clara S.C "y no por un matrimonio, como se dijo", habría puesto en marcha "un proyecto de delito" para obtener "beneficios particulares" y en concreto considera que esta denuncia corresponde a "un interés económico". "Detrás de la denuncia no había ningún particular sino una empresa mercantil con intereses urbanísticos", ha apostillado.
A su juicio, detrás de este interés comercial de la citada sociedad hay "una vendetta" con la promotora de las viviendas, Marina El Rompido, --denunciada por los mismos demandantes por estafa-- y en este marco han querido "salpicar al Ayuntamiento para presionar y utilizar la justicia con fines privados".
"PROYECTO DE DELITO"
Asimismo, Millán ha explicado que esta sociedad de inversiones inmobiliarias compró una villa de lujo, valorada en 500.000 euros, presuntamente con la intención de especular. De este modo, compró una villa y para ello pagó 120.000 euros de fianza, y "al no obtener el crédito hipotecario, quería recuperar la fianza dada y para ello intentó demorar la licencia de primera ocupación, y cuando ésta finalmente se concedió, pretendió demostrar su ilegalidad".
Además, ha precisado que los dos meses que duró la tramitación la promotora subsanó las deficiencias que observaron los técnicos y juristas.
Por otra parte, el alcalde de Cartaya ha lamentado el "uso mediático" dado a este tema y ha anunciado que presentará una querella por calumnias y denuncia falsa contra los denunciantes, la Sociedad Santa Clara S.C., ya que "nadie se merece que presenten contra él una denuncia falsa".
"Han hecho daño a las personas denunciadas pero también a sus familias", ha subrayado Millán, que ha aclarado que tras su larga trayectoria política puede exponerse, aunque tampoco lo excusa, a esta posibilidad pero "los técnicos del Ayuntamiento no se merecen", lo que ha calificado como, "una campaña de desprestigio".
Además, ha indicado que llegado el momento procesal oportuno el Ayuntamiento destinará la indemnización que corresponda a la Fundación de Mayores y Dependientes de Cartaya.
Al mismo tiempo, el primer edil ha lamentado la actitud de la oposición de la localidad, los cuales "se han sumado a esta campaña de desprestigio" contra el alcalde y la institución municipal debido a la "proximidad de las elecciones municipales", por lo que les ha pedido una rectificación e incluso va a estudiar las valoraciones realizadas.
Por otro lado, el primer edil ha incidido en que la vivienda de los denunciantes se encuentra en la cuarta fase de la urbanización, la cual está "perfectamente urbanizada", de manera que ha aclarado que la denuncia "carece de pruebas". Se presenta "un proyecto de delito basado en rumores o indicios", ha matizado.
"MORALMENTE INDIGNADO"
Respecto a la posibilidad de que no pudiera concurrir a las elecciones al estar imputado, Millán ha remarcado que "no está condenado" sino que sólo ha ido a declarar como "imputado". "Estoy moralmente indignado y judicialmente con la razón", ha añadido el regidor, que ha lamentado el daño que ha supuesto esta situación para los concejales implicados, los técnicos y los familiares de los mismos.
Por último, ha lamentado que se realice "una judicialización de la vida pública", lo cual considera que perjudica al proceso administrativo público.
