La Fiscalía archiva las diligencias abiertas contra el Ayuntamiento ante la denuncia de la Oposición por uso indebido de datos del padrón municipal

La Fiscalía Provincial de Huelva ha archivado mediante un decreto fechado el pasado 14 de febrero las Diligencias Informativas abiertas contra el ayuntamiento de Cartaya por presunto uso fraudulento del padrón municipal ante la denuncia presentada por varios miembros de los grupos de la oposición (PP, PA, IU y los dos concejales no adscritos) el pasado 30 de diciembre. El portavoz del Grupo Andalucista, Antonio Carro; el viceportavoz del Grupo Popular, Juan Manuel Guerrero; el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Ángel Gea; y los dos concejales no adscritos, Juan Miguel Polo y Violeta Albéndiz,   acusaron al Ayuntamiento de hacer un uso fraudulento del padrón municipal en el marco de una campaña institucional que éste puso en marcha para informar a los ciudadanos extranjeros sobre su derecho a votar en los próximos comicios municipales.

Según el decreto, la Fiscalía ha archivado tales diligencias “por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal”, ya que según se describe textualmente en el mismo, “de la lectura del escrito de la denuncia” presentada por los grupos de la oposición, “se aprecia que está redactada en términos tan amplios y abiertos que determina que sea el Ministerio Fiscal el que concrete en su investigación las posibles infracciones penales”, lo cual, alega “no debe ser ésta la misión del Fiscal”, y más “cuando los datos ofrecidos en la denuncia son tan vagos”, y la misma se ha presentado “sin aportar algún tipo de prueba que acredite, ni tan siquiera indiciariamente, los hechos que se denuncian”.

Por todo ello, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, ha acusado esta mañana en rueda de prensa a los miembros de la oposición de llevar a cabo una nueva campaña de manipulación y desprestigio contra su persona y la institución municipal, ya que según ha explicado, “incluso me reuní con los representantes de la oposición cuando así me lo solicitaron para ofrecerles la misma información que posteriormente hemos remitido desde el Ayuntamiento a la fiscalía, y que a la postre ha propiciado el archivo de las diligencias”.

En este sentido, Millán ha afirmado con rotundidad que se ha tratado de una nueva “falsa denuncia, la cual en este caso ha estado basada en un proyecto de delito inventado por las mentes calenturientas y maquiavélicas de la oposición en su afán de desprestigiar con grandes titulares al alcalde y al Ayuntamiento de Cartaya”.

Según prosigue el primer Edil, tanto en la información suministrada a la oposición, como en el informe remitido a la fiscalía “queda suficientemente claro que todas las actuaciones han estado enmarcadas en una campaña institucional destinada a informar a los inmigrantes residentes en Cartaya sobre su derecho a votar”. En este sentido, según Millán “también ha quedado suficientemente acreditado que los números de teléfonos móviles a los que se enviaron los SMS que recibieron los extranjeros en sus móviles para informarles sobre la campaña fueron obtenidos de la Oficina Municipal de Inmigración, que cuenta con una base de datos propia, y no del padrón municipal, en que el número de teléfono no se recoge como dato obligatorio”.

El decreto de la Fiscalía también considera “justificada la comunicación con los inmigrantes a través de mensajes de teléfono móvil como método más rápido y eficaz”, y reconoce que éste ha sido sólo uno de los métodos utilizados con el mismo fin, además de notas impresas en varios idiomas.

Por todo ello, “cuando llegue el momento procesal oportuno”, el alcalde cartayero ha anunciado actuaciones judiciales por denuncia falsa contra los denunciantes “como ha demostrado el Fiscal en su decreto”. Un tema en el que según sus palabras “estamos ya trabajando porque además, se da el agravante de que los denunciantes, conociendo la legalidad de nuestras actuaciones, no dudaron en poner la denuncia para usarla posteriormente con fines mediáticos y difamatorios”.

Millán también ha lamentado el “daño” que se ha hecho a la imagen de la Fundación de Trabajadores Extranjeros en Huelva –Futeh-, que puso en marcha la campaña informativa junto con el Ayuntamiento, y cuyo gerente también fue acusado por los miembros de la oposición de uso fraudulento del padrón. Y es que según prosigue, la Futeh “es una entidad que tiene como finalidad la asistencia y asesoramiento al colectivo de inmigrantes en relación a su contratación en España, así como a su formación y capacitación profesional, que además coopera con el Ayuntamiento de Cartaya en relación a la acogida e integración de inmigrantes”.

Finalmente, el alcalde de Cartaya ha dicho que algunos dirigentes del PP como es el caso de su secretario provincial, David Toscano, su portavoz en Huelva, Guillermo García de Longoria o incluso el propio Javier Arenas “no tienen catadura moral para decir que yo no puedo ser candidato a la alcaldía de Cartaya en las próximas elecciones por este tema o que he intentado manipular a los inmigrantes porque conocen desde hace mucho tiempo mi trayectoria en este sentido, sobre todo en el caso de Arenas, con quien me reuní y llegué a acuerdos en materia de inmigración cuando fue ministro de Trabajo en la etapa de Aznar al frente del Gobierno de España